El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que el 20 por 100 de los fondos del nivel acordado que el Gobierno destina a la Ley de Dependencia se repartirá entre las Comunidades Autónomas en función de su número de beneficiarios, según el Acuerdo del pasado 15 de abril en el Consejo Territorial de Dependencia, que reúne al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.

El Gobierno destinará este año a las Comunidades Autónomas casi 1.600 millones de euros para Dependencia, un 79 por 100 más que en 2008, un esfuerzo que demuestra el compromiso del Gobierno de España con la ciudadanía en estos momentos de dificultades económicas.

Las Comunidades Autónomas reciben este año financiación para la Ley de Dependencia a través del nivel mínimo (financiación general y automática por beneficiario), el nivel acordado y el fondo extraordinario de cuatrocientos millones del Plan E.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de distribución de los fondos del nivel acordado, 283,1 millones, destinados a financiar los servicios y prestaciones de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia).

El Gobierno ha aumentado esta partida en un 17,5 por 100 en relación a 2008.

En la distribución se tienen en cuenta criterios como la población, el número de beneficiarios de la Ley, renta y pensiones medias, dispersión de la población, superficie, insularidad o los emigrantes retornados. La novedad respecto a repartos anteriores es que se ha incorporado en la ponderación un mayor peso del número de beneficiarios (evaluaciones realizadas). De este modo, un 20 por 100 del fondo repartido hoy a las Comunidades Autónomas está sujeto a este criterio.

Además, hay que recordar que el fondo extraordinario del Plan E del Gobierno de cuatrocientos millones de euros para Dependencia servirá para que las Comunidades Autónomas creen o adapten más de 50.000 plazas de servicios de atención a la dependencia (residencias, centros de día o de noche, centros de promoción de la autonomía personal, servicios de ayuda a domicilio o de teleasistencia) en 1.345 proyectos. Estos proyectos posibilitarán la creación de 35.000 empleos directos e indirectos.

Situación de la ley de dependencia

En su tercer año de aplicación, y con datos de 1 de mayo, 649.056 personas tienen ya derecho a recibir los beneficios de la Ley de Dependencia, según datos del Sistema Informático del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aportados por las Comunidades Autónomas.

De ellos, 440.295 han sido reconocidos como grandes dependientes y 208.761 como dependientes severos, que son los dos grados que ampara la Ley en la actualidad, según el calendario de aplicación de la misma. En virtud de la Ley de Dependencia, estas personas son atendidas a través de servicios sociales o prestaciones económicas.

Los datos completos aportados por las Comunidades Autónomas sobre la aplicación de la Ley de Dependencia a fecha 1 de mayo están disponibles en la página web del Imserso: www.seg-social.es/imserso

Informe sobre el envejecimiento 2009: Europa, que estaba en vías de resolver el problema del envejecimiento demográfico, sufre el revés de la recesión.
 

Para estabilizar el sistema financiero e impulsar el crecimiento, los países miembros de la UE han inyectado a lo largo de los últimos meses miles de millones de euros en sus economías. Y aunque todos los gobiernos coinciden en que la intervención era necesaria para combatir la peor recesión en varias décadas, el gasto ha provocado un aumento del déficit en el momento preciso en que algunos empezaban a salir de los números rojos, factor de crucial importancia para afrontar las consecuencias del envejecimiento de la población.

Hacer frente al envejecimiento durante la recesión no va ser tarea fácil, advierte Joaquín Almunia. Pero el Comisario europeo de Asuntos Económicos cree que es posible si se aplican políticas bien concebidas y orientadas hacia un gasto social más eficaz, mayor productividad, mejor educación y mayores niveles de empleo.

Lo primero que deben hacer los gobiernos tan pronto como se invierta la tendencia económica es reducir el déficit presupuestario. Así lo recomienda un informe de la Comisión.

Dentro de 50 años la población no será mucho mayor en número, pero sí en edad. La media de los ciudadanos, hoy en día en torno a los 40, aumentará a unos 48: la gente vive más tiempo, la tasa de natalidad es baja y la inmigración va en descenso. Todo eso implica una reducción de la población en edad laboral, menos ingresos y más costes en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración para la tercera edad.

Si la UE mantiene este rumbo, la presión sobre las finanzas públicas será considerable. Según el informe, en 2060 el gasto habrá aumentado por término medio en un 4,7% del PIB debido al mayor número de ancianos. Y por cada persona mayor de 65 años, sólo habrá dos en edad laboral (entre 15 y 64) en lugar de las cuatro actuales.

La cifra es una media para la UE; las tendencias demográficas presentan grandes variaciones entre los países. Algunos sufrirán aumentos mucho más drásticos del gasto ligado al envejecimiento (sobre todo las pensiones). Los próximos años – previos a la jubilación en masa de la generación del baby boom – serán cruciales. Pero, según el informe, “aún hay margen para actuar”.

Para ello serán precisas más reformas de los regímenes de pensiones y demás sistemas de apoyo a los mayores, además de esfuerzos por prolongar la vida activa de las personas (el informe señala que sólo el 50% sigue trabajando a los 60).

link con la comisión