Ayer publicaba el rotativo El País un artículo titulado “La ayuda a domicilio para personas dependientes es “testimonial””.

En él se hacía mención a las conclusiones de un Estudio realizado por investigadores de la Fundación Alternativas (La atención a la dependencia y el empleo. Potencial de creación de empleo y otros efectos económicos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, elaborado por D. Ángel Rodríguez Castedo y D. Antonio Jiménez Lara).

De una primera lectura y atendiendo a las explicaciones dadas por sus autores, queremos destacar especialmente una conclusión del estudio “El sector de los servicios sociales es estratégico y la Ley de Dependencia es de las más productivas, hay que utilizarla como medida estructural para ir saliendo de la crisis. Si los servicios se impusieran a las ayudas económicas podría crearse un millón de puestos de trabajo cuando estuviera completamente implantada”.

No debemos dejar pasar la oportunidad de aprovechar este filón de empleo. Deben instrumentarse medidas que redirijan la aplicación de fondos a la generación de crecimiento y riqueza. Los políticos deberían priorizar el uso de los recursos públicos, asignándolos al fomento de la creación de un empleo de calidad y reduciendo la subvención económica directa. Con todo ello, mejoraremos la atención a los dependientes, favoreceremos el empleo y el crecimiento económico.

A quien le competa: ¿a qué están esperando para priorizar el despliegue de la Ley de la Dependencia hacia el fomento de la prestación de servicios?.

Y si les preocupa cómo equilibrar económicamente este giro, desde Jubilarse en Casa SL les expondremos en detalle medidas para poder incorporar la riqueza inmobiliaria de los ciudadanos a la financiación requerida para su atención.

Acceso al documento de la Fundación Alternativas

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Comentario de Jubilarse en Casa:

“El choque con la realidad nos obliga a buscar soluciones que muchas veces requieren de unos recursos económicos inexistentes o insuficientes. Esa es la función de la Hipoteca Inversa, devolver la autonomía económica a los mayores para que puedan Jubilarse en Casa. Y esa opción les permite mejorar su calidad de vida y les confiere protagonismo en la decisión sobre el tipo de asistencia que requieren. Es recomendable considerar esta opción con tiempo y bien informados”

Reproducción del Artículo (enlace aquí)

“Debemos planificar la vejez a largo plazo: dónde queremos vivir y cómo pagaremos nuestra (in)dependencia

El otro día, en las páginas de Cartas de los Lectores de este diario, venía un extracto conmovedor sobre la experiencia de una mujer a la que, ya de vieja, sus hijos decidieron ingresar en un geriátrico. La firmaba María Isabel Cañabate. Relataba cómo esa mujer, cuyo nombre no desvelaba, se había ido consumiendo en sólo dos meses. A una repentina pérdida de peso le siguió la pérdida del apetito, y luego la muerte. Con un “descanse en paz” cerraba la carta. No sabemos qué relación unía a María Isabel con la protagonista de la historia. Sólo dejaba sugerido que murió de pena. Tal fue la carga emocional de ese escrito, que durante días motivó un intercambio de opiniones sobre una cuestión muy nuestra: ¿qué hacemos con nuestros padres cuando ya no pueden valerse por sí mismos? El dilema es doble y descubre un conflicto intergeneracional: de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos.

La respuesta no puede ser unívoca. Es un grandísimo depende. Depende de cada caso. Dicen que la vejez puede ser una etapa maravillosa si uno sabe torear física y emocionalmente los achaques, y convierte las limitaciones en placidez contemplativa. Lamentablemente, la realidad es otra para muchos. El punto de inflexión lo marca la enfermedad y, por supuesto, la economía familiar.

El ingreso en un geriátrico no debería interpretarse como un abandono de los hijos hacia los padres cuando se da en dos casos: si es querido por el anciano o bien si es la única solución asistencial posible ante una enfermedad incapacitante. Lo deseable es que los viejos dependientes estén en su casa, y subrayo el adjetivo posesivo. En su casa, no en la de los hijos. Eso supone, sí, meter en su vida a una persona que él o ella verá como un intruso, pero no hay duda de que acabará aceptándola: eso le permitirá seguir con sus recuerdos y, ¡ah!, administrar su tiempo.

Sociológicamente, han cambiado demasiadas cosas en la familia para seguir creyendo que los esquemas del pasado siguen siendo válidos. Bajo un mismo techo ya no conviven abuelos, hijos y nietos. Las costumbres varían, pero persisten los estigmas educacionales. También la situación de la mujer es distinta: son legión las mujeres (así, en femenino) que tienen que cuidar a la vez a sus padres y a sus hijos cuando apenas tienen tiempo para sí mismas, sin descanso. ¿Cómo se puede asumir una responsabilidad que no se puede ejercer? La estima a los padres no debería implicar renuncias personales inasumibles ni ser vivida como un sacrificio por ninguna de las partes.

En otros países son más sabios, porque cada uno planifica a largo plazo su vejez y deja escrito dónde quiere vivir y cómo pagará los costes si irrumpe una enfermedad. Papá Estado no vendrá a socorrernos como ocurre en el norte de Europa, con un abanico y una calidad de servicios (pisos tutelados, por ejemplo) con los que aquí no podemos ni soñar.”

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que el 20 por 100 de los fondos del nivel acordado que el Gobierno destina a la Ley de Dependencia se repartirá entre las Comunidades Autónomas en función de su número de beneficiarios, según el Acuerdo del pasado 15 de abril en el Consejo Territorial de Dependencia, que reúne al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.

El Gobierno destinará este año a las Comunidades Autónomas casi 1.600 millones de euros para Dependencia, un 79 por 100 más que en 2008, un esfuerzo que demuestra el compromiso del Gobierno de España con la ciudadanía en estos momentos de dificultades económicas.

Las Comunidades Autónomas reciben este año financiación para la Ley de Dependencia a través del nivel mínimo (financiación general y automática por beneficiario), el nivel acordado y el fondo extraordinario de cuatrocientos millones del Plan E.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de distribución de los fondos del nivel acordado, 283,1 millones, destinados a financiar los servicios y prestaciones de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia).

El Gobierno ha aumentado esta partida en un 17,5 por 100 en relación a 2008.

En la distribución se tienen en cuenta criterios como la población, el número de beneficiarios de la Ley, renta y pensiones medias, dispersión de la población, superficie, insularidad o los emigrantes retornados. La novedad respecto a repartos anteriores es que se ha incorporado en la ponderación un mayor peso del número de beneficiarios (evaluaciones realizadas). De este modo, un 20 por 100 del fondo repartido hoy a las Comunidades Autónomas está sujeto a este criterio.

Además, hay que recordar que el fondo extraordinario del Plan E del Gobierno de cuatrocientos millones de euros para Dependencia servirá para que las Comunidades Autónomas creen o adapten más de 50.000 plazas de servicios de atención a la dependencia (residencias, centros de día o de noche, centros de promoción de la autonomía personal, servicios de ayuda a domicilio o de teleasistencia) en 1.345 proyectos. Estos proyectos posibilitarán la creación de 35.000 empleos directos e indirectos.

Situación de la ley de dependencia

En su tercer año de aplicación, y con datos de 1 de mayo, 649.056 personas tienen ya derecho a recibir los beneficios de la Ley de Dependencia, según datos del Sistema Informático del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aportados por las Comunidades Autónomas.

De ellos, 440.295 han sido reconocidos como grandes dependientes y 208.761 como dependientes severos, que son los dos grados que ampara la Ley en la actualidad, según el calendario de aplicación de la misma. En virtud de la Ley de Dependencia, estas personas son atendidas a través de servicios sociales o prestaciones económicas.

Los datos completos aportados por las Comunidades Autónomas sobre la aplicación de la Ley de Dependencia a fecha 1 de mayo están disponibles en la página web del Imserso: www.seg-social.es/imserso

A finales del año pasado (2008), el Gobierno aprobó una partida extraordinaria de 400 millones de euros para atender a las necesidades de financiación de infraestructuras residenciales públicas  (residencias y centros de día) previstas en la Ley de la Dependencia.

Otros 1.100 millones los destinaría directamente el Estado a las ayudas de dependencia, cuantía que deberá ser igualada por los Gobiernos Autonómicos.

Asimismo, los Entes Locales (ayuntamientos) podrán destinar parte de la partida extraordinaria de 8.000 millones de euros para obras municipales a la remodelación o construcción de centros de día y residencias para dependientes.

En definitiva, lluvia de millones para cumplir el despliegue de la Ley de la Dependencia. ¿o no?.

Según la consejera de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya, Carme Capdevila “por cada 3,25 € que ponemos nosotros [las Administraciones Autonómicas], el Estado sólo da 1 €”. No parece esto cumplir con el compromiso marcado por Ley de paridad presupuestaria entre los dos niveles de la Administración. ¿Qué sucede entonces?.

La respuesta es clara: (1) La Ley se formuló sin contemplar el número real de dependientes. Un error de cálculo gravísimo (por la desasistencia creada entre los ciudadanos que más precisan de su amparo)  y del cual no se han asumido responsabilidades públicas (recordemos que la Ley, aprobada en 2006, fue formulada por el Ministerio de Asuntos Sociales dirigido por el Ministro Jesús Caldera).

Datos publicados en La Vanguardia de 05/01/09

Pero (2) la aplicación de la Ley también es muy dispar entre Comunidades Autónomas: Andalucía la que más y Madrid la que menos (¿tendrá algo que ver el color político de cada uno de los gobiernos autonómicos?).

Datos publicados en La Vanguardia de 05/01/09

A continuación incluimos un cuadro resumen con algunos datos de inversión en aplicación de la Ley de la Dependencia hasta la fecha (más información en www.saad.mtas.es o en el Telf. 900.40.60.80):

Datos publicados en La Vanguardia de 05/01/09

Esperemos que, ante la necesidad existente y reconocida desde la primera formulación de los anteproyectos de la Ley de la Dependencia, la aplicación de este derecho se haga extensiva a toda la población española reconocida como dependiente en sus distintos grados, sin exclusiones territoriales por distinta ideología política de sus dirigentes ni por falta de recursos económicos públicos para su aplicación.

Otra cosa será determinar la justicia o no del criterio de ingresos máximos del dependiente (que le darán derecho o no a las prestaciones recogidas en la Ley de la Dependencia) en relación al Coste de la Vida (IPC) del territorio español en el que habita. Y aquí tiene especial relevancia el Reglamento de la Ley de la Dependencia y la financiación privada que pueda provenir de, por ejemplo, la contratación de una Hipoteca Inversa.

O cómo se asuma la parte del coste de la atención al dependiente que no venga financiada por la prestación pública de un servicio (p.e., plazas en un centro residencial) o por una contraprestación económica.

Volvemos a la Hipoteca Inversa como mecanismo privado de co-financiación, algo a tener muy en cuenta especialmente ante la bajada de tipos de interés que viviremos en 2009, un hecho histórico que deberá impulsar la contratación de Hipoteca Inversas a tipo fijo. Consulte con Jubilarse en Casa cómo puede beneficiarle esta medida.

(Feliz Noche de Reyes)

Según publica hoy el País sólo los que ganen menos de 516 euros al mes tendrán atención gratuita – El dependiente con recursos aportará entre el 70% y el 90% de sus ingresos

Los ancianos que tengan una vivienda en propiedad deberán pagar más por la plaza en la residencia que les corresponda, según la Ley de Dependencia. Salvo que tengan personas a su cargo, como una pareja, un ascendiente o hijos menores de 25 años que continúen viviendo en ella. Así se ha negociado entre las comunidades autónomas y el Gobierno, que estos días ultiman los criterios que determinarán la aportación de los ancianos y discapacitados para pagar el servicio que reciban.

El usuario pudiente acabará yéndose a centros privados, según los sindicatos

La ley, aunque universaliza las prestaciones para quien las necesite, establece una financiación a tres bandas: Gobierno, autonomías y el propio usuario. El decreto del copago (o sea, lo que aportará el usuario), a cuyo borrador ha tenido acceso este periódico, es el que ahora se está discutiendo. Y aún faltaría otro para completar la ley, el de acreditación de los centros que prestan servicios a los dependientes; en él se determinarán las condiciones de los geriátricos y de su personal.

La renta media no es igual en todas las comunidades autónomas, por eso aquellas donde los ciudadanos tienen menor capacidad económica tendrán que hacer un mayor esfuerzo inversor para solventar esta carencia. Los sindicatos siempre se han manifestado en contra de que los usuarios paguen, de forma global, más de un tercio del coste de los servicios. Si se ven obligados a desembolsar mucho dinero acabarán yéndose a las residencias privadas, alegan, o pidiendo una pequeña paga económica, algo que desvirtuaría por completo el espíritu de la ley. Pero esta condición, que lo que aportan los usuarios no supere un tercio del coste, es más difícil de cumplir en las comunidades pobres. Ésa es la razón por la que algunas autonomías demandan más financiación al Gobierno para poder atender adecuadamente estos servicios.

La Ley de Dependencia deja fuera de cualquier pago a las personas en peor situación económica, algo que en el decreto del copago se detalla: no aportarán nada de su bolsillo quienes no superen el indicador público de renta de efectos múltiples (el Iprem), que ahora está en 516 euros mensuales. Eso se especifica en el caso de que reciban ayudas distintas de una plaza de residencia.

El escollo de la negociación está en determinar cuánto aportarán los que tengan que ingresar en un geriátrico. Su vivienda computará a la hora de determinar su capital y cuánto ha de aportar. Algunas comunidades sugieren recurrir a una fórmula que ya utilizan: que esa vivienda sea objeto de una hipoteca inversa, es decir, que el anciano reciba una renta al mes a cambio de su casa, salvo que sus herederos quisieran recuperarla pagando la deuda. De esta manera, dicen, el anciano tendría capacidad económica para afrontar el pago de los servicios. Los sindicatos, que también negocian este decreto, rechazan que la vivienda habitual compute. Pero así será. Su valor se determinará por el catastro, que suele ser más bajo que el precio real de la casa.

En el borrador del decreto se recoge que el usuario ha de hacerse cargo de los costes hoteleros y de manutención que se le presten en una residencia cuando tenga ingresos suficientes. Las administraciones fijarán un precio de referencia por la plaza del geriátrico y el anciano pagará parte de él. La horquilla que se negocia va del 70% al 90% del capital de que dispone. El resto sería dinero de bolsillo del que dispondría el usuario para sus gastos. Una de las grandes discusiones en la negociación de este decreto es precisamente ésta, las tasas que han de pagar los usuarios en función de su renta. Algunas autonomías han propuesto que el dependiente pague hasta el 100% del servicio hotelero y de manutención que recibe en la residencia si tiene una renta superior a los 1.500 euros, es decir, tres veces el Iprem.

Y aún no hay acuerdo sobre si computará la vivienda en propiedad para determinar el coste que afrontará el dependiente que reciba un servicio a domicilio o que acceda a un centro de día.

Los maltratadores que hayan sido condenados por sentencia firme en Cataluña no podrán heredar. Así lo recoge el Libro Cuarto del Código Civil catalán aprobó la semana pasada el Parlamento de Cataluña y que, por primera vez en España, plantea este veto. Los juristas lo denominan “indignidad sucesoria” y no es otra cosa que impedir legalmente que quienes hayan matado o infligido graves lesiones a su pareja, hijos o padres y que hayan sido condenados en sentencia firme, puedan beneficiarse de la herencia de las víctimas.

“En los casos en que se condene por maltrato es muy razonable que no se pueda heredar y que se agraven las consecuencias del delito, porque en ocasiones la víctima no cambia el testamento o no llega a tiempo”, explica José Pascual Ortuño, director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat.

No todos los hijos cumplen con su responsabilidad de cuidado con sus mayores. En este caso, la Ley protege a los padres de ese chantaje moral que estos hijos someten a sus padres. Con productos como la Hipoteca Inversa, los mayores pueden recuperar su autonomía en base al patrimonio acumulado en su vivienda y utilizar los recursos que necesite para vivir con dignidad. Ya no es necesario someterse a presiones del entorno no respetuosas con la calidad y decencia de vida de sus mayores, pudiendo actual con plena soberanía sobre sus bienes para aliviar sus necesidades.

Respecto a los derechos sucesorios de los viudos, la ley catalana equipara los matrimonios a las parejas estables, de acuerdo con los requisitos formalizados en escritura pública, siempre que tengan algún hijo en común o puedan acreditar que han convivido más de cuatro años.

Un total de 200.690 españoles tienen reconocida su prestación por dependencia, lo que supone algo más de la mitad de las 374.000 personas que han solicitado acogerse a los beneficios que regula la Ley de Dependencia, según el último balance oficial correspondiente al 5 de mayo de este año.

Estas cifras reflejan, asimismo, que existen 110.000 personas cuyas comunidades autónomas ni siquiera han analizado su caso. Las autonomías más retrasadas a la hora de valorar a las posibles personas dependientes son: Islas Baleares, que sólo ha estudiado el 20,5 por ciento de las solicitudes, Galicia (31,4%), Asturias (35,8%), La Rioja (36,7%).

A mayor distancia, con más de la mitad de los casos analizados, se encuentran Canarias (68,4%), Comunidad Valenciana (69,2%), Navarra (71%), Melilla (72%), Castilla-La Mancha (77,1%), Extremadura (79,2%), Ceuta 82,6%), Aragón (84%), Cataluña (86%), Madrid (89,6%), Cantabria (90,2%) y Castilla y León (97,4%).

Además, existen dos comunidades que han valorado al cien por cien de las personas de sus autonomías que lo han pedido, se trata del País Vasco y Murcia.

Según el informe del IMSERSO, dependiente del nuevo Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, el 65 por ciento de los demandantes son mujeres (218.459), de las que la mayoría tiene más de 81 años, y el 35 por ciento son hombres (115.613), cuya edad de solicitud se incrementa a partir de los 66 años.

De las 374.000 solicitudes, Andalucía es la comunidad autónoma que más demanda registra, con 133.105 peticiones (35,59 por ciento), seguida de Galicia (38.577), Cataluña (37.159), Castilla-La Mancha (25.309). Por el contrario, La Rioja (5.251), Murcia (5.969) y Cantabria (6.319) han sido las regiones con menos demanda.

En el resto, los datos son los siguientes: Aragón (16.363), Asturias (16.953), Baleares (10.486), Canarias (13.826), Castilla y León (10.389), Comunidad Valenciana (10.163), Extremadura (10.436), Madrid (11.144), Navarra (14.152), País Vasco (6.754). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se registraron 673 y 992, respectivamente.

En lo que se refiere a la evolución mensual de las solicitudes, del informe se desprende que el grueso se registró entre los meses de mayo y julio, periodo que acumuló el 50 por ciento de las mismas.

La preocupación por la situación de dependencia en la etapa final de la vida repercute en la forma de consumir de los ancianos y las nuevas necesidades trastocan la planificación de ahorro, según un estudio sobre los nuevos hábitos de consumo de los ancianos de la Agencia Catalana de Consumo (ACC).

“La preocupación es más por la salud que por la economía”, ha explicado el director de la ACC, Jordi Anguera, en la presentación de las conclusiones del estudio AVVIIS, en el que se analiza la repercusión en el gasto y los hábitos de consumo de llegar a la jubilación con una esperanza de vida de 25 o 30 años.

Según el estudio, la percepción de la duración y temporalidad de la situación de dependencia repercute en la forma de consumo y explica la preocupación de los ancianos por la salud como estrategia para retrasar o suprimir el tiempo en situación de dependencia, la necesidad de prever las necesidades económicas derivadas de las necesidades de consumo que conlleva y la de consumir productos y servicios que ayuden a evitar la disminución de facultades.

Las proyecciones demográficas apuntan que en 2030 habrá 1.914.000 ancianos en Catalunya, cifra que supone un incremento del 64%.

Así, la salud y el grado de dependencia separan ya dos grandes etapas de la vida de los ancianos, la de los mayores, “en plena salud y plenas facultades”, y los muy mayores, y conforma nuevos mercados para los bienes de consumo, los servicios de ocio y los productos financieros, con perspectivas de crecimiento sostenido.

Anguera ha explicado que estas conclusiones orientan una nueva estrategia de la Agencia Catalana del Consumo, basada en proteger “uno de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables” en términos de consumo.

En esta nueva estrategia, la ACC ha anunciado que prestará especial atención a los nuevos productos financieros que se ofrecen a este colectivo para hacer frente a las nuevas necesidades, como las formulas de ahorro para la dependencia o la hipoteca inversa.

El director de la ACC ha señalado que hasta el momento estos productos financieros incipientes “son de uso restringido y no han generado problemas”, pero ha considerado que sería conveniente favorecerlos con medidas legislativas y alargar su duración.

Según publica hoy EL PERIODICO DE CATALUÑA, el Gobierno prevé dotar el despliegue de la ley de dependencia en Catalunya con un incremento del gasto del 51% del 2008 al 2011, hasta alcanzar los 1.213 millones de euros. Con ese dinero se dará atención a 103.840 personas en centros de la red de dependencia y a 51.488 en sus domicilios, según las previsiones del nuevo acuerdo.

Esperemos que estas dotaciones se transformen en prestaciones reales de abono inmediato y no en anuncios que generan intranquilidad entre la población por la lentitud en su despliegue y aplicación efectiva.

La huelga indefinida que mantienen las organizaciones sindicales que agrupan a los 30.000 trabajadores del sector de la dependencia que trabajan en Cataluña (residencias geriátricas, centros de día, ayuda domiciliaria y teleasistencia), reclamando la mejora de las condiciones de trabajo, obliga a plantearnos qué calidad de servicio reciben nuestros mayores.

A pesar de los servicios mínimos decretados por la Generalitat, las mejoras laborales que reclaman nos dejan preocupados por el nivel de asistencia que ofrecen los diferentes centros a nuestros mayores. ¿Cómo saber cuál es el nivel de servicio de estos centros, para mayor tranquilidad de los familiares de nuestros mayores?. Esperemos poder tener respuesta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), patronal del Sector www.acra.es o de las partes afectadas.